2/5/2011.- Costa Rica es sede de un considerable número de
operadores de apuestas, que operan bajo licencias de juego comerciales de dudoso standar, ya que el país no cuenta con un marco jurídico para establecer licencias sobre la industria del
juego en línea. Desde hace algún tiempo se intenta introducir una legislación para los
juegos de azar, pero hasta este momento está siendo un fracaso por la poca colaboración de las fuertes empresas de juego en internet que están afincadas en el país.
El actual gobierno se ha comprometido ha legislar fiscalmente las
salas de poker online,
apuestas deportivas por internet, casinos y
bingos en línea de Costa Rica. Laura Chinchilla, presidenta del país, en su campaña política se ha marcado el objetivo de una nueva Ley para el
juego en línea, con el fin de utilizar los ingresos por los impuestos y las licencias, para combatir la lacra social que sufre el país de violencia criminal, vease tráfico de drogas, secuestro, extorsión, asesinatos o atracos.
Fuentes del gobierno costarricense hablan de un impuesto anual sobre los operadores de juego y
apuestas en línea de 50.000 dólares, además de un quince por ciento sobre los ingresos brutos de los operadores de juego. No obstante señalan que el gobierno está centrado en otras reformas fiscales más urgentes en estos momentos para Costa Rica.
Aún así, se rumorea por parte de ciertos medios de comunicación de que existen otras razones para demorar largamente la fiscalidad del juego. Estas razones podrían ser la fuerte presión que ejercen las asociaciones comerciales, los grandes jugadores, la Asociación Costaricense de
Casinos, La Asociación Call Center, e incluso el partido de la oposición, que instan al gobierno a reducir la tasa fiscal. Estos grupos anti-fiscalidad sugieren al gobierno que la propuestas inicial de regulación y fiscalización del juego y las
apuestas de azar online podrían llevar a la desaparición de la industria del juego en Costa Rica.
Estos grupos recuerdan al gobierno que los operadores de
juego online que operan en el país están invirtiendo gran cantidad de tiempo y recursos para establecerse definitivamente y legalmente en Costa Rica, incluso afrontando las novedades fiscales. Pero imponer una tasa fiscal del 15 por ciento y el impuesto anual de 50.000 dólares a los operadores de
casino online no es viable en este momento ni el próximo año fiscal.
No obstante el gobierno de Laura Chinchilla se ha comprometido a que una vez se estudien otros regímenes fiscales alternativos, entrarán de lleno a regularizar la situación de los
casinos en línea y sus licencias.
