A pesar de la importancia económica y la naturaleza transfronteriza del mercado, todavía no hay una legislación comunitaria en la Unión Europea que regule el sector de los juegos y apuestas de azar. Sin embargo, existen directivas base de protección sobre los consumidores que cubren aspectos específicos de la actividad. Estas incluyen la venta a distancia, las prácticas comerciales desleales y las directivas de protección de datos.
Así mismo, los operadores de juegos licenciados y regulados dentro de la comunidad europea están sujetos a las normas y reglamentos armonizados para las empresas establecidas en el Derecho de sociedades de la Unión Europea.
Los aspectos que no están cubiertos por estos instrumentos de armonización, están regulados por la legislación nacional de los Estados miembros, que tienen que cumplir con el requisito de las disposiciones del Tratado de la Unión.
Las directivas base que se aplican son:
La Directiva de venta a distancia, que se aplica a cualquier contrato de consumo a distancia hecho bajo la ley de un Estado miembro de la UE, así como en el Espacio Económico Europeo. Ofrece una serie de derechos fundamentales legales para los consumidores, garantizando un elevado nivel de protección de los consumidores en toda la UE. La directiva incluye una prohibición general de las prácticas comerciales desleales, tales como publicidad engañosa y agresiva.
La Directiva de notificación obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión todos los proyectos de normas técnicas relativas, entre otras cosas, los servicios de la sociedad de información antes de ser aprovados por la legislación nacional. El procedimiento tiene por objeto proporcionar transparencia y control en relación con estos reglamentos, ya que podría crear obstáculos injustificados entre los Estados miembros.
La Directiva de Protección de Datos armoniza la legislación de protección de datos en la UE para eliminar los posibles obstáculos a los flujos de datos de carácter personal y de garantizar la protección dentro de la UE.
La Lucha contra el blanqueo de capitales se ha adoptado para ayudar a proteger el sistema financiero, los sectores vulnerables y las actividades de manera abusiva para el blanqueo de capitales y la financiación de los propósitos de terrorismo.
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